Impunidad y tráfico de influencias impiden resolver abuso sexual de menor en Oaxaca
*Sí existen redes de pornografía infantil en México: abogado
*Haz algo por Oaxaca, Ulises Ruíz: madre de la víctima
México DF, febrero 22 de 2008 (Leonardo Bastida A./NotieSe).- Ante la ineficacia, falta de disponibilidad y corrupción mostrada por las autoridades del estado de Oaxaca, Leticia Valdés, madre de un niño de 5 años abusado sexualmente en la escuela a la que asistía, visitó la Ciudad de México con el fin de denunciar las amenazas recibidas hacia su persona y familia tras dar a conocer los delitos de índole sexual cometidos contra su hijo.
Valdés Martell indicó que ha recibido llamadas en su teléfono celular o en el de su domicilio con mensajes como “Perra, te vas a morir”, así como amedrentamiento en su automóvil, en el cual ha sido atacada varias veces.
Estos hechos han ocurrido tras una denuncia penal presentada el 23 de mayo de 2007 por el delito de abuso sexual de menor, su hijo, en contra de Magdalena García Soto, maestra de su hijo; Adán Salvador Pérez Ramírez, sobrino de la dueña del Instituto San Felipe, institución educativa a la que acudía el menor, y Hugo Gabriel Constantino García, esposo de Yolanda León Ramírez, propietaria del colegio.
Sin embargo, hasta el momento sólo se ha capturado y procesado a Magdalena García Soto, mientras que los otros dos implicados han gozado de impunidad gracias a las relaciones de León Ramírez y su abogado Jorge Eduardo Franco Jiménez, amigo del gobernador Ulises Ruiz.
Red de pornografía infantil
De acuerdo a los testimonios de Luis, hijo de Valdés, los actos de violación eran grabados. En estos actos las víctimas eran amordazadas, atadas, vendadas y recibían una gran cantidad de palabras altisonantes.
Además, la periodista Sanjuana Martínez mencionó que los hechos ocurridos contra el infante no son aislados pues en el Instituto San Felipe se realizaban este tipo de actos desde hace años bajo el consentimiento de sus autoridades.
Los constantes viajes de Yolanda León Ramírez a España, en una periodicidad de dos veces al mes sin contar con familiares en el país ibérico, la falta de voluntad por parte de las autoridades para resolver la demanda, el acontecimiento de hechos de la misma magnitud en otras instituciones educativas como el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, localizado en Etla, Oaxaca, son pruebas, mencionó José Bonilla, abogado de la familia Valdés, de que existe una red de pornografía infantil en Oaxaca que surte a mercados específicos y goza de una total impunidad debido al tráfico de influencias existente en el gobierno del estado.
Aprobar la reforma judicial nos dejará en estado de indefensión: Olamendi
ONG acuden a la CIDH
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF; 21 feb 08 (CIMAC).- Ante la posible aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al sistema de justicia penal, ONG de derechos humanos enviaron ayer por la tarde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores de Naciones Unidas información “urgente” en la que se considera que en esta iniciativa prevalecen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto pleno a los derechos humanos en México.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó hoy lo anterior y agrega que esta es la segunda ocasión que se presenta el tema en la CIDH.
En octubre del año pasado las organizaciones civiles acudieron a una audiencia temática en la CIDH donde expusieron varias preocupaciones de las ONG, la fundamental fue que se aprobara una iniciativa de reforma en los términos en que se encuentra en la actualidad, ya que contiene puntos como elevar a nivel constitucional las figuras de arraigo y allanamientos sin orden judicial, las cuales con violatorias de los derechos humanos.
Al presentar esta información “urgente” las ONG dan seguimiento al tema presentado en octubre pasado ante esta instancia internacional, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y hacen un nuevo llamado para que se atiendan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
La discusión en primera lectura de las reformas al Sistema de Justicia Penal se programó para el día de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo su análisis y posible aprobación se pospuso para la sesión de la próxima semana, el martes 26 de febrero.
En el comunicado, organizaciones civiles como el Prodh, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y Abogadas y Abogados para la Justicia hicieron un llamado a las y los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado de derecho democrático, ya reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, “en aras de un siempre incierto combate contra el narcotráfico”.
Señala que las ONG han resaltado que las acciones preventivas y de persecución a la delincuencia organizada y el narcotráfico deben darse con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que “legalizar” en la Constitución un proceder contrario, sienta las bases para su violación.
ESTADO DE INDEFENSIÓN
Al respecto, la experta en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Olamendi Torres, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta México es la falta de respeto a los derechos humanos y, de aprobarse la iniciativa de reforma judicial, “quedaremos en un estado de indefensión”.
Ya que, enfatizó, esta iniciativa no garantiza la protección de los derechos humanos en nuestro país y da más “poder” a MP y policías que son más corruptos que antes.
La ex subsecretaria para temas globales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que antes de “priorizar” esta reforma se tuvo que haber realizado una revisión de las más de las 400 recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México en esta materia, específicamente en la actuación de policías, MP y jueces.
En su opinión, estamos en el México de los 70 --época que se conoce como la Guerra Sucia contra la guerrilla-- “lo cual me parece gravísimo”, subrayó.
Como también lo es la ausencia de las y los legisladores y en particular del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien en su opinión, lejos de votar en contra y sólo oponerse, debieron haber puesto sobre la mesa propuestas serias en materia de derechos humanos.
La feminista y experta en violencia de género lamentó que no hay garantía de que con esta reforma, la policía y el MP mejoren porque “los hechos hablan de un sistema de procuración de justicia mucho más corrupto que antes y darle más poder a estas instancias me parece que es un problema muy serio”.
Para Olamendi Torres lo más preocupante de la reforma es la ausencia de los derechos humanos y el poder que se aumenta para el aparato de justicia, ya que una vez que tengan éste y teniendo más facultades de intervenir en muchos casos so pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado y, ante la ausencia también de una definición clara de ambos, colocan a la ciudadanía “en un estado de indefensión”, insistió.
La ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para insistir en que hay más de 400 recomendaciones internacionales que deben tomarse en cuenta, para conocer cómo nos están viendo en el exterior en el tema de justicia.
Eso ayudaría, dijo, a pensar y proponer una reforma seria con una visión diferente de la que ha sido consensada entre las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Fuente http://www.cimacnoticias.com
CNDH: la reforma judicial, retroceso en materia de garantías individuales
Los legisladores no deben aprobar la iniciativa, considera el ombudsman Soberanes
Mérida, Yuc., 25 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, reiteró su rechazo a la reforma judicial que analizarán hoy diputados federales, “porque constituye un retroceso para las garantías individuales”.
Posteriormente comentó, en conferencia de prensa, que los legisladores no deben aprobar esa propuesta, “porque es muy delicado que se rompa la inviolabilidad del domicilio. Es un paso atrás”, añadió.
El ombudsman nacional señaló que uno de los problemas más graves de México es la ausencia de políticas serias y eficaces para mejorar la seguridad pública, ya que no existe precedente en el país sobre el grado de penetración e influencia social que ha alcanzado el crimen organizado.
Manifestó que para combatir esa situación “tampoco es válido seguir con prácticas cotidianas, pero tampoco bastan los discursos, la mera voluntad ni la mano dura a corto plazo”. También calificó de “insuficiente” el aumento de penas, el incremento de las atribuciones de los policías y la presencia de cuerpos de seguridad en las calles.
Durante su visita a Yucatán para encabezar diversos actos relacionados con la aplicación de la justicia, Soberanes Fernández manifestó que la batalla definitiva se dará cuando se combata la corrupción. Además, abundó, las autoridades deben invertir en educación y prevención, así como desincentivar el consumo de drogas, propiciar la rehabilitación de adictos y formar mejores policías.
De igual forma, Soberanes Fernández calificó de “falsa” la tesis de que el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública son incompatibles. “Por el contrario, ambos conceptos son complementarios. Por esa razón no puede existir una norma que justifique la violación a los derechos humanos. La ilegalidad no se puede combatir con más ilegalidad”, resaltó.
Agregó que dicha propuesta de reforma significa un claro retroceso en lo logrado en materia de derechos humanos en años recientes, y una “contravención a nuestros compromisos internacionales en el rubro”.
La Jornada
Martes 26 de febrero 2008
Alicia Pérez Duarte: desde la PGR y la Corte se protegió a pederastas
Revela motivos por los cuales renunció a la fiscalía para delitos contra mujeres
Medina Mora ordenó que no se encausara a judiciales que torturaron a Lydia Cacho, afirma
Expresa su “decepción” por la actitud de la ministra Olga Sánchez Cordero ante el caso
Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que su ex jefe Eduardo Medina Mora le ordenó, a finales de 2007, que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal en la ciudad de Puebla.
“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.
Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.
“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.
Un “Estado protector de mafias”
Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.
Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.
Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.
Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.
Tomado de La Jornada
Domingo 24 de febrero 2008
