Por Raúl Ramírez Baena*
1. Crímenes violentos y narcotráfico.- Con la llegada de los nuevos gobiernos estatal y municipales en Baja California, al igual que en otros Estados de la República, se ha desencadenado una oleada de violencia criminal provocada por la “guerra” declarada que ha emprendido el Estado mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado.
Debido a la infiltración de las bandas delictivas en las corporaciones policíacas, los nuevos gobiernos realizan cambios en los mandos para evitar la protección a las mafias. Ello provoca crisis al interior de las corporaciones y crímenes de jefes y policías en conflicto con los cárteles o que no colaboran con ellos.
En Baja California, a diario aparecen en la vía pública cadáveres envueltos en cobijas con señales de tortura, miembros cercenados y, en pocos casos, decapitados. Todos ellos con mensajes propios de las mafias que luchan por el control de “la plaza” (la ruta y el mercado de la droga), principalmente en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, y en menor medida, en Mexicali.
En enero del 2008, mes de la mayor ofensiva gubernamental, se han registrado 247 ejecuciones en todo el país; el 20 por ciento corresponden a Baja California, Estado que registra la incidencia más alta de homicidios violentos. A ello habría que agregar múltiples privaciones ilegales de la libertad, secuestros y desapariciones forzadas, comúnmente llamadas “levantotes”.
Tras la detención de líderes de la droga aparecen otros cada vez más violentos que luchan por el poder y los negocios ilícitos, como el lavado de dinero, el tráfico de droga y armas, la producción y distribución de drogas sintéticas más letales y baratas (metanfetaminas, como el crystal) y el narcomenudeo.
En los últimos meses se han incrementado los secuestros, negocios realizados por las mafias, policías y ex policías, así como extorsiones telefónicas. Algunos delitos se planean y ordenan desde las cárceles, que son escuelas del crimen.
Las llamadas “narcotienditas” (las policías saben cuántas son y donde están) han proliferado en las colonias populares, penetrando las redes del tejido social. Las familias ven en la producción y distribución de drogas una alternativa a su crisis económica; con ello crece la violencia familiar. Paralelamente, ha aumentado de manera alarmante el pandillerismo juvenil y las adicciones, que representan ya un grave problema de salud pública. Más del 80 por ciento de los robos en todas sus modalidades están asociados a las adicciones.
En el municipio de Tecate, sin estudios previos, sin impacto real en la inseguridad y con fuerte apoyo social, desde 2001 se ha implantado el “toque de queda” nocturno contra menores, como una medida populista más que efectiva, criminalizando a los adolescentes, sobre todo los de escasos recursos.
En las zonas donde se destruye la economía del narco (plantíos en el sector rural y “narcotienditas” en las ciudades) no se desarrollan economías alternativas, ahondando la crisis económica de las comunidades y familias que sobreviven de la siembra, producción y comercialización de drogas, además de que se realizan múltiples detenciones arbitrarias y abusos en contra de personas inocentes.
Llama la atención que el Estado mexicano, con un presupuesto extraordinario, ataque prioritariamente el tráfico de drogas y no con la misma intensidad el lavado de dinero, la producción y distribución mayor de las drogas y las adicciones. Tampoco se aplica en atender el origen estructural del conflicto.
2. Militarización.- La respuesta del gobierno mexicano al panorama antes descrito es incorporar a las Fuerzas Armadas.
Al invadir el Ejército y la Marina las facultades de la autoridad civil para la prevención e investigación de los delitos, en ciudades donde antes imperaba la ley del crimen ahora impera la ley del Ejército.
Aunque no de manera oficial, los militares coordinan las acciones de vigilancia, investigación y detención de presuntos delincuentes y de policías corruptos, interpretando las leyes bajo el argumento de la defensa de la Soberanía Nacional. Los nuevos directores de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y de las policías municipales de Tijuana y Playas de Rosarito, son militares.
Es común observar a militares en carreteras y ciudades realizando revisiones anticonstitucionales de vehículos, en operativos en colonias –casi siempre populares-, en allanamiento de domicilios sin orden judicial, en vigilancia preventiva, en el desarme de corporaciones policíacas municipales y en la detención de personas, invadiendo facultades de las autoridades civiles.
En los últimos días, el comandante de la Segunda Zona Militar, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, ha realizado diversas declaraciones señalando delitos y la corrupción de servidores públicos, contribuyendo al descrédito de las autoridades civiles, desplazando en funciones al Gobernador y al Procurador General de Justicia de Baja California.
3. Apoyo popular a la militarización.- Según encuestas realizadas recientemente en Baja California, entre el 80 y el 90 por ciento de la población apoya las tareas militares en la prevención y la persecución de los delitos.
Existe un intencional manejo mediático de la violencia criminal que exacerba los delitos, lo que alimenta el clima de terror, pánico e indignación social. En consecuencia, la población apoya la militarización, la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura y el incremento de las penas contra los delincuentes.
Medios de comunicación, el sector empresarial, la Iglesia Católica y políticos de diversas corrientes, están en favor de la militarización. Ello presiona políticamente a los gobernantes, quienes refrendan su decisión de mantener a los militares usando “toda la fuerza del Estado” para derrotar al crimen.
En lo general, la población desconoce el marco legal y sus derechos humanos, lo que facilita la intervención militar en la vida civil y la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Existe además un clima de linchamiento popular y mediático hacia los organismos y defensores de los derechos humanos.
Con la presencia del Ejército no ha disminuido la inseguridad, la violencia y los crímenes. En cambio, han aumentado los abusos a ciudadanos.
4. Desapariciones forzadas.- La Asociación Esperanza contra las
Desapariciones Forzadas y la Impunidad, AC, tiene documentados 193 casos de personas desaparecidas con violencia en Baja California de 1993 a la fecha, perpetrados por grupos de la delincuencia organizada en estrecha relación con corporaciones policíacas, agentes en activo y ex agentes. Del 2005 a la fecha, ha registrado 60 casos.
Sin embargo, con datos de prensa y testimonios de familiares que no han acudido a denunciar, se conocen más de 1,200 casos en 10 años.
Hay una nueva modalidad: los secuestrados-desaparecidos, perpetrados por escuadrones de la muerte, en los que en la mayoría de los casos se paga rescate y la persona ya no aparece.
A la fecha han pasado tres gobernadores sin que ninguno haya recibido en audiencia a los familiares de los desaparecidos, a pesar de múltiples peticiones.
* Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.
