Casi la mitad de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia intrafamiliar: INEGI
* Varios tipos de violencia no reconocidas
* “La violencia de género no tiene barreras”: José Antonio Maldonado, INEGI.
México DF, marzo 3 de 2008 (Leonardo Bastida A./NotieSe).- De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, realizada en el año 2003 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 9 millones 64 mil 456 mujeres mexicanas han sido víctimas al menos una vez de violencia dentro de sus hogares.
El universo de mujeres encuestadas fue de 19 millones 471 mil 972 mujeres que tiene o han tenido pareja al menos alguna vez. De ellas, el mayor índice de violencia reportado fue de índole emocional, después de tipo económico, posteriormente físico y por último sexual.
Tipos de violencia
De acuerdo al INEGI, la violencia emocional es cualquier insulto, amenaza, intimidación, humillación, menosprecio y burla por parte de la pareja, es decir cualquier acto que incida en la psique del cónyuge.
Al respecto, 42.5 por ciento de las mujeres que no ha sufrido violencia por parte del cónyuge y 36.1 por ciento de las mujeres que han sufrido de violencia en casa respondieron afirmativamente a la pregunta sobre la obligación de la esposa para obedecer al esposo.
La violencia económica es considerada como el chantaje que ejerce el hombre sobre la mujer mediante el control del flujo de recursos económicos.
En este rubro el 68 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia y el 66 por ciento que no han sufrido actos violentos respondieron afirmativamente a la pregunta sobre la responsabilidad del hombre de llevar todos los gastos de la familia.
Sobre la capacidad de la mujer de ganar dinero al igual que un hombre, 76.3 por ciento de las mujeres violentadas y 73.3 por ciento de las mujeres no violentadas dijeron estar de acuerdo.
La violencia física es cualquier acto de agresión dirigida al cuerpo de la mujer por parte del agresor causando un daño temporal o permanente.
Al respecto, el 7.7 por ciento de las mujeres que no han sufrido violencia y el 8.9 por ciento de las que sí la han padecido respondieron “sí” a la pregunta sobre si el marido tenía derecho de golpear a la mujer en caso de no cumplir con sus obligaciones.
En el mismo campo, el 23.1 por ciento de las mujeres no violentadas y el 28 por ciento de las violentadas afirmaron que era correcto que el padre golpeara a los hijos cuando éstos fueran desobedientes.
La violencia sexual es la forma de coerción que se ejerce sobre la mujer con el fin de obtener relaciones sexuales con o sin su voluntad.
A la pregunta formulada sobre si la mujer está obligada a tener relaciones sexuales cada vez que el marido lo desea el 10.2 por ciento de las mujeres que no han sufrido actos de violencia y el 11.7 por ciento de las mujeres que si lo han sufrido respondieron afirmativamente.
Tabú
Al respecto, José Antonio Maldonado, representante del INEGI, comentó que en primer lugar la violencia intrafamiliar, especialmente la de género, no tiene barreras sociales y económicas ya que lo mismo se da en clases altas que en bajas.
Sobre las dificultades que implicó levantar la encuesta, explicó: “Es un tabú hablar sobre violencia familiar. Es un tema de índole privado, se considera vergonzoso, peligroso, desprestigiador y se le ve como algo natural que no vale la pena denunciarlo”.
Contra el VIH somos parte de la solución
Por Leonardo Bastida Aguilar
La prevención se ha convertido en una actividad fundamental en el esfuerzo por erradicar el VIH de la sociedad. Sin embargo, la labor preventiva, sobre todo con el enfoque comunitario que ha tomado en los últimos años, aún está en camino de consolidar sus estrategias para tener un mayor impacto social.
Como respuesta a esa necesidad surge el proyecto “Me informo, me cuido y me prevengo”, coordinado por Antonio Solís, miembro de la organización civil Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/sida, y auspiciado por fondos de la farmacéutica Pfizer para iniciativas sociales para la prevención y atención del VIH/sida. El proyecto consiste en capacitar y formar consejeros en salud sexual para atender directamente a la población vulnerable. La idea continúa el trabajo realizado anteriormente por la Red, con un enfoque que llaman MIPA (Mayor Involucramiento de las Poblaciones Afectadas), que involucra a las personas con VIH en la prevención de nuevas infecciones.
“La capacitación consiste en fomentar el desarrollo de competencias en las personas viviendo con VIH, que conjuguen valores, destrezas, conocimientos y habilidades para poder hablar de sexualidad, prevención e infecciones de transmisión sexual, así como estar al pendiente de las necesidades de otras personas que lo necesiten”, dijo Solís.
Las personas capacitadas dentro del proyecto trabajaron en Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl y el área norte del Distrito Federal, zonas alta incidencia de infecciones por VIH en las cuales existen centros de atención médica, mas no campañas de acercamiento a la población.
Cada 15 días, los 30 consejeros acompañados por los instructores y otro grupo de organizaciones y personas se instalaron en alguna colonia de la zona para informar sobre las formas en que es posible vivir la sexualidad con salud, así como canalizar a personas que viven con VIH o con alguna infección de transmisión sexual a los servicios públicos de salud.
Con un arduo trabajo en materia de prevención y de asesoría a otras organizaciones civiles y satisfecho con los resultados de la campaña, Solís concluye: “Quién mejor que las personas que viven con VIH para tener la sensibilidad para transmitir la idea de que la gente se pueda prevenir y cuidar. Necesitamos involucrar a personas que viven con VIH para generar estrategias de prevención. Estamos convencidos de que las personas que viven con VIH no somos el problema, sino somos parte de la solución”.
San Andrés: 12 años después
El 16 de febrero de 1996, en un salón contiguo a la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) firmó los acuerdos de San Andrés. Poco después, la representación gubernamental hizo lo mismo, esta vez en presencia de la prensa y con declaraciones incluidas. Ambos actos fueron atestiguados la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Los zapatistas habían escogido la discreción no como un signo de vergüenza o aceptación a regañadientes de lo que se signaría, sino como una señal de cautela. No cabía en ellos celebración por algo que aún no se cumplía. Sin embargo, deseaban dejar asentada su voluntad de paz. Las declaraciones, la prensa y las celebraciones se dejaban para cuando las palabras escritas se convirtieran en hechos.
La discusión en aquella primera mesa de Cultura y Derechos Indígenas había sido difícil, pero había mostrado que aquellos que durante años habían trabajado, desde numerosas especialidades, con y para los pueblos indígenas, se podían poner de acuerdo en una serie de propuestas mínimas que dieran un marco legal sobre el cual elaborar una iniciativa constitucional en la materia, sin importar si habían acudido convocados por el EZLN o por el gobierno federal.
El gobierno federal adquirió el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución; ampliar su participación y representación políticas; garantizar el acceso pleno a la justicia con el reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos; promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; asegurar educación y capacitación; garantizar la satisfacción de necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo, y proteger a los indígenas migrantes.
Se planteó que los principios que normarían la acción del Estado serían:
“Pluralismo. El trato entre los pueblos y culturas que formaban la sociedad mexicana ha de basarse en el respeto a su igualdad fundamental.
“Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y utilizan de alguna manera los pueblos indígenas, según los define el artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT.
“Integridad. El Estado debe impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas.
“Participación. El Estado debe favorecer que la acción institucional impulse la participación de los pueblos y comunidades indígenas y respete sus formas de organización interna, para alcanzar el propósito de fortalecer su capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo.
“Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del marco normativo para los pueblos indígenas.”
Hay que decir que en la Cocopa, la Conai, el EZLN y gran número de mexicanos, sin importar su filiación política, la sola firma de los acuerdos resultaba esperanzadora. Se abría la puerta para que un acuerdo de paz con justicia y dignidad pudiera ser alcanzado en el corto plazo.
No deja de ser dolorosamente paradójico que el documento que debía ser el primer paso de una negociación que se esperaba complicada, pero fructífera, se convirtiera a la postre en el eje sobre el cual dependiera la continuidad del diálogo.
En los siguientes meses, años, y aún hoy, los textos de San Andrés han sido objeto de descalificaciones. En su mayoría, éstas se han centrado en unos cuantos elementos. Así, se ha dicho que afectan la soberanía y la unidad nacionales; que trastocan el principio de igualdad jurídica de la Constitución; que ponen en riesgo la propiedad de la nación sobre recursos como el petróleo; que abren la puerta a la balcanización del país; que pretenden colocar las costumbres de los pueblos indígenas por encima de las leyes, y así por el estilo.
En el colmo de la mentira y el dolo, el gobierno federal consideró que la iniciativa elaborada por la Cocopa no corresponde al espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés.
Sólo hay dos razones por las que pudimos los miembros de esa Cocopa hacer tal cosa: incapacidad o intereses ocultos. Ninguna de las dos es aceptable o creíble, a menos que se suponga que, o bien abogados y/o políticos experimentados, como Heberto Castillo, Luis H. Álvarez, Óscar López Velarde, Rodolfo Elizondo y los constitucionalistas que nos apoyaron, no sabían lo que hacían, o bien que todos fuimos cómplices de una misma e inconfesable causa.
En el fondo, el problema no parece ser ni los acuerdos ni la propuesta de la Cocopa. Hay bases para suponer que, con posterioridad a la firma de dichos textos, el gobierno federal se convenció de que había incurrido en un error jurídico y político. Un error que se intentó disfrazar o minimizar por medio de distracciones, ausencias y probablemente otros métodos, en lugar de intentar enmendarlo por medio del diálogo.
Se cometió, así, un verdadero doble error: el incumplir la palabra empeñada y firmada, y permitir que el conflicto se empantanara y deteriorara hasta llegar a sucesos como los de Acteal, el empantanamiento desde entonces del diálogo y la postergación de soluciones a los problemas ancestrales de los pueblos indígenas.
Con cariño y afecto a los miembros de la primera Cocopa
Fuente: La Jornada Viernes 29 de Febrero
