Nayarit, la entidad con mayor tasa de homicidios de mujeres, revela informe
* Más de 6 mil mujeres fueron asesinadas entre 1999 y 2005
* Nayarit, Oaxaca y Edomex, los estados con mayor cantidad de homicidios femeninos
* Piden al gobierno federal crear el reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia
México DF, febrero 19 de 2008 (Mario Alberto Reyes/ NotieSe).- Más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas entre 1999 y 2005, a la vez que por día tres fueron ultimadas en el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos, según datos del informe Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana.
El documento elaborado por la Cámara de Diputados en 2004 añade que en ese mismo año, mil 205 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país, lo que significa que por día se cometieron cuatro crímenes en contra de personas del sexo femenino.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, durante 2004 la tasa más alta de homicidios femeninos por cada 100 mil mujeres se registró en Nayarit con 4.5 casos, lo que colocó a esa entidad en el primer lugar en el ámbito nacional, seguida de Oaxaca, con 4.3 crímenes; Estado de México, 4.2; Guerrero, 3.5; Quintana Roo, 3.2; y en sexto lugar Chihuahua con 2.7 asesinatos.
En contraste, y durante el mismo periodo, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán registraron la menor tasa de delitos de esta índole con menos de un crimen, a la vez que el Distrito Federal contabilizó 2.7 homicidios de este tipo.
El informe agrega que los homicidios de mujeres son perpetrados, en la mayoría de los casos, por razones específicas de su condición de género. “A las mujeres se les asesina, casi siempre, para culminar una larga cadena de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono. El cuerpo, los derechos, las libertades y la vida de las mujeres son el centro de la violencia de género. Los hombres en su mayoría utilizan su cuerpo como arma, además de armas de fuego, armas blancas y objetos”.
Lo anterior se dio a conocer durante el Seminario Permanente de Violencia Familiar en el Distrito Federal. Ángela Alfarache Lorenzo, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, subrayó la falta de compromiso del gobierno federal para elaborar y publicar el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor en agosto de 2006.
Durante el evento, la investigadora exhortó a la administración federal a dar cumplimiento al artículo transitorio de la ley que ordena la creación del reglamento, mismo que venció en mayo de 2007. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el gobierno de Felipe Calderón publique el documento en días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.
Al recordar que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representa lo “mínimo” que deben contener las leyes estatales, Alfarache Lorenzo indicó que probablemente a finales de año estén listas las 32 legislaciones encargadas de combatir la violencia de género, pues en la actualidad sólo 18 entidades cuentan con este marco legal.
Por su parte, Rosario Campos, directora de la organización civil Caminos Posibles, hizo un recuento en torno al desarrollo de las políticas públicas enfocadas a combatir la violencia de género y familiar en el Distrito Federal. Comentó que fue en la década de los 70 cuando el tema logró aglutinar al movimiento feminista en la capital del país, sitio en donde las incipientes organizaciones civiles sostuvieron los primeros encuentros con dependencias como la Procuraduría de Atención a Víctimas.
En el auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Ciudad Universitaria, la investigadora recordó que fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo cuando comenzaron a gestarse políticas públicas más articuladas que dieron lugar a la creación de la Comisión Nacional de la Mujer, pero fue hasta el último año de la última administración priísta cuando se formó el Primer Programa Nacional contra la Violencia Familiar.
Mencionó que el Distrito Federal se convirtió en un “modelo ejemplar” para poner en marcha programas y leyes contra la violencia familiar. Recordó que para este año, la Cámara de Diputados aprobó recursos etiquetados por un monto de 100 mil millones de pesos para que todas las entidades cumplan con la ley.
Campos Beltrán subrayó la importancia del Programa Nacional Por una Vida sin Violencia puesto en marcha durante el gobierno de Vicente Fox, ya que implicó una mayor incidencia en aspectos como la capacitación, prevención y atención del problema, aunado a que se empezaron a tomar medidas legales “más fuertes”.
Sin embargo, dijo que aún falta mucho por hacer pues en buena parte del país, los institutos de las mujeres trabajan “improvisadamente” debido a que carecen de modelos de trabajo y operan con procesos “rutinarios”.
En declaraciones hechas a esta agencia, la investigadora señaló que a pesar de que la pauta en los temas de género la dieron los países desarrollados en la década de los 70, y de que México y América Latina guardan un rezago de entre 5 y 10 años con respecto a esas naciones, la brecha tiende a acortarse debido a las medidas puestas en marcha.
Por último, destacó el papel desempeñado por las organizaciones civiles y el movimiento amplio de mujeres en la construcción de políticas públicas enfocadas a combatir la violencia de género, pues fueron ellas y no las autoridades, las pioneras para impulsar y fomentar la discusión del tema.
Insuficiente labor de la CNDH: Human Rights Watch
*“La comisión podría tener un impacto mayor en los derechos humanos en México, pero no lo hace”: Vivanco
*CNDH: no nos dieron derecho de réplica
México DF, febrero 13 de 2008 (Óscar Salvador/ NotieSe). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) limita “seriamente” su impacto debido a que no utiliza los recursos financieros y humanos disponibles para reparar las violaciones de derechos humanos que documenta, ni da seguimiento a las reformas necesarias para poner fin a prácticas abusivas, notificó Human Rights Watch en el texto La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México: una evaluación crítica.
El informe cuenta con 136 páginas donde se analizan más de 40 casos de agresión a los derechos humanos relacionados con temas importantes como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez cometidos durante la última década y la actitud de la CNDH ante leyes como la que despenaliza el aborto en la Ciudad de México desde 2007.
La CNDH es regularmente pasiva ante las iniciativas que requieren reformas, y aunque cuenta con un presupuesto de 79 millones de dólares y más de mil empleadas y empleados, no logra avances significativos, afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“La comisión podría tener un impacto mucho mayor en los derechos humanos en México, pero no lo hace. Si bien su trabajo de documentación de abusos y de identificación de problemas es aceptable, no adopta medidas esenciales para generar cambios”, continuó Vivanco, quien añadió que en el informe no se van a encontrar “insinuaciones” de las carencias de la CNDH, sino que se “dicen de frente” los verdaderos problemas de esa institución.
Entre otras insuficiencias, la CNDH no vigila que el Estado mexicano responda realmente por los abusos que comete, a la vez que no promueve reformas legales necesarias para prevenir dichos abusos, no objeta las leyes, políticas y prácticas contrarias a estándares internacionales de derechos humanos; no divulga con total transparencia la información que ha recabado sobre las quejas que recibe, y “no se involucra constructivamente con todos los funcionarios del Estado y defensores de los derechos humanos que trabajan para lograr avances en esta materia en México”.
El organismo abandona los casos de violaciones a las garantías individuales antes de su resolución al no darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Incluso, cerca de 90 por ciento de las conciliaciones de la CNDH con el Estado se ejecutan sin pedirle autorización a las víctimas, “cuando éstas deben ser las protagonistas del proceso resolutivo”, explicó José Miguel Vivanco.
Sin embargo, el representante de Human Rights Watch recalcó que el informe reconoce la labor de promoción de los derechos humanos que la CNDH ejerce desde hace diez años, pero instó a ésta a no limitarse simplemente a describir las violaciones de los derechos.
“No pretendemos que la comisión desaparezca, ni cuestionamos el presupuesto que el gobierno federal le ha asignado, aunque si hacemos un llamado enérgico para que la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República adopten las recomendaciones incluidas en el informe”, añadió Vivanco.
La evaluación ya fue entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente del senado Manlio Fabio Beltrones, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, y a autoridades máximas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta mañana una delegación de Human Rights Watch se reunió con funcionarios de la CNDH para presentarles el documento, aunque el ombudsman José Luis Soberanes no asistió.
Sin derecho de réplica
El documento de Human Rigths Watch es sólo un “informe de escritorio”. Nos lo acaban de entregar en la mañana y no nos dieron derecho de réplica. Lo único que pretende esta organización es falsear los datos y engañar a todos los mexicanos, reclamaron Ingrid Herrera y Javier Tapia, visitadores de la CNDH.
Tras concluir la participación de Vivanco, éstos dos funcionarios arribaron abruptamente para explicar a las y los reporteros su indignación por el texto “totalmente subjetivo” de Human Rights Watch.
Luis Adrián Quiroz, representante de la organización civil Derechohabientes que Viven con VIH/sida (DVVIMSS), reclamó a Ingrid Herrera la nula respuesta que la CNDH ofrece a las más de 400 quejas por violaciones a derechos humanos de seropositivos. “La comisión no sirve, y por su culpa se han muerto muchos compañeros esperando respuesta”, expresó Quiroz, quien dijo a NotieSe que su organización colaboró (desde hace meses) con Human Rigths Watch para elaborar el informe en rubro de VIH/sida.
Finalmente, Herrera insistió al activista que la CNDH sí funciona y que están “en la mejor disposición” para resolver las quejas de DVVIMSS. “Pero ya no confiamos en ustedes”, imputó Quiroz
Es crítica la situación de derechos humanos en México: ONG
Martes 19 de febrero (15:43 hrs.)
- Dice que hay "nuevos presos de conciencia" en cárceles
- Atribuyen la situación a los conflictos sociales
El Financiero en línea
México, 19 de febrero.- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), una organización dedicada exclusivamente a estudiar el estado de las garantías individuales en México, afirmó hoy que la situación actual de los derechos humanos en el país es "extremadamente crítica".
La organización presentó hoy un documento con conclusiones y recomendaciones preliminares para el Gobierno mexicano, después de realizar su sexta visita al país durante la cual entrevistó a un total de 596 personas relacionadas con sonados conflictos sociales recientes que derivaron en violaciones a los derechos humanos.
Además fueron recibidos por funcionarios del ministerio del Interior, la fiscalía general y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros.
Según la Comisión, el Gobierno del presidente Felipe Calderón es "plenamente responsable" de "la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas" sobre las mismas.
La organización civil, integrada por 51 personas provenientes de nueve países, en su mayoría de España, estudió el caso de Oaxaca, un estado que sufrió una grave crisis social en la segunda mitad de 2006 que dejó un saldo de más de 20 muertos.
También dio seguimiento al conflicto de San Salvador Atenco, una localidad cercana a la capital mexicana donde en 2006 tuvieron lugar fuertes enfrentamientos entre lugareños y unos tres mil policías, que se saldaron con un joven muerto, 50 heridos y 200 detenidos.
Finalmente, estudió las violaciones de derechos en Chiapas, en el sureste de México y de mayoría indígena, donde las asociaciones civiles suelen denunciar hostigamientos por parte de las autoridades, después de que en esa región surgió la guerrilla zapatista en 1994.
En estos tres casos "siguen produciéndose de nuevo vulneraciones de derechos humanos ya advertidas, sin que se haya actuado con seriedad", critica la CCIODH en su informe.
La Organización No Gubernamental (ONG) aseguró que en México "han ingresado a las cárceles nuevos presos políticos de conciencia", y dijo que entrevistó a 70 de ellos.
Para el organismo civil las violaciones a los derechos humanos por parte de las distintas autoridades mexicanas "puede ser entendido como una auténtica política de Estado".
El objetivo de estas prácticas, según la CCIODH, es "criminalizar" a los activistas para que no puedan ser considerados presos políticos.
Además, aseguró que en el país operan en completa impunidad grupos "paramilitares" vinculados con grupos de poder local, los cuales participan en la represión de las protestas sociales.
Para remediar estas situaciones la organización recomendó atender la pobreza, el acceso desigual a los recursos, reducir y controlar el papel del Ejército, desarmar a los grupos paramilitares y que el Estado reconozca, corrija y repare los abusos cometidos. (Con información de EFE/RSC)
Calderón, sin “verdadero interés” para priorizar respeto a DH: CCIODH
Acudan a organismos internacionales, recomiendan observadores
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 19 feb 08 (CIMAC).- Ante la impunidad que prevalece en el país y que “continúa siendo la regla y no la excepción”, frente a la violación de derechos humanos y el desinterés de Felipe Calderón por situarlos como prioridad en su agenda de gobierno, la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos (CCIODH) instó hoy a las y los mexicanos a acudir a los mecanismos de impartición de justicia internacionales como una medida para avanzar en la lucha contra la injusticia.
Al presentar hoy en conferencia de prensa el informe preliminar de su sexta visita a México, realizada del 1 al 20 de febrero, la CCIODH enfatizó que mientras el Poder Judicial siga siendo incapaz de asegurar su plena independencia del Ejecutivo, la sociedad civil mexicana deberá continuar organizándose para defender los derechos y las libertades fundamentales, así como poner en marcha “todos los organismos de protección internacional de derechos humanos”.
“El mantenimiento de la impunidad, elemento común y no corregido hasta la fecha en los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, no sólo cuestiona la legitimidad de las autoridades, no sólo incrementa la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones sino que se presenta como la principal causa para que los abusos de poder se vayan generalizando”.
La CCIODH, cuya visita tenía como propósito comprobar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al Gobierno mexicano por los casos anteriores, así como documentar nuevos casos de violaciones a derechos humanos, consideró como “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México.
“Durante el mandato del actual gobierno no se ha avanzado sustancialmente en las recomendaciones que realizamos en visitas anteriores. La CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal, un verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos como prioridad de su acción de gobierno”, dijo Ignacio García, de la Comisión Internacional.
Y evidenció que, durante 2007, prácticas constantes en el país fueron las detenciones arbitrarias a miembros de movimientos sociales; la tortura; los malos tratos; falsificación de pruebas y de culpables y la impunidad, como una forma de reprimir la protesta social, además de las políticas encaminadas a debilitar el tejido social a través de la división de las comunidades indígenas y campesinas.
El informe, que consta de siete conclusiones y siete recomendaciones, destaca también en el mismo periodo el hostigamiento contra las organizaciones sociales y la incorporación a las cárceles de nuevos presos políticos y de conciencia.
El organismo internacional de derechos humanos enfatizó que existe “una auténtica política de Estado” y los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas (Acteal) ejemplifican “una situación más general caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades”.
Y criticó las reformas al sistema penal, ya que “suponen” la legalización de prácticas policiales atentatorias contra derechos y la inclusión permanente de una legislación de excepción, como la posibilidad de realizar cateos sin previa orden del juez, ampliar por periodos largos la incomunicación y la intervención de las comunicaciones.
CAUSAS ESTRUCTURALES
La CCIODH acusó al Estado mexicano de hacer caso omiso para atender las causas estructurales que están detrás de las graves violaciones a los derechos humanos, porque siguen “intactas”.
El problema de raíz, destacó, está en la distribución y control de recursos básicos en unas cuantas manos, así como los alarmantes índices de pobreza y marginación de Chiapas y Oaxaca.
Entre otras recomendaciones, la CCIODH consideró necesario que las instituciones de la Unión Europea implementen a la mayor brevedad mecanismos que permitan monitorear el cumplimiento de las exigencias de la cláusula democrática, incluida en el Acuerdo Global con México.
Y pidió revisar “a fondo” el sistema de nombramiento y tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de conseguir una confianza en su labor, actualmente, “muy desacreditada”.
Al referirse a los señalamientos hechos por Human Rights Watch en días pasados a la CNDH, porque ésta limita su impacto al no promover recursos eficaces para reparar las violaciones de los derechos humanos que documenta, la CCIODH dijo que fueron muy “duros”, pero quienes se han visto afectados por la violación a sus derechos humanos, como las personas de Atenco, Oaxaca, Acteal, entre otros, no han visto en la CNDH una postura de apoyo.
Durante su estancia en México, la CCIODH sostuvo entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y con las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
