“Déjenos trabajar”

Pese a las advertencias de la ONU sobre la actuación del Ejército en tareas policíacas, el Gobierno federal refuerza la presencia militar en áreas civiles

Por Raúl Ramírez Baena*

www.filo-de-la-navaja.blogspot.com/

“Hay otro grupo, el que critica negativamente; no hace nada, sólo critica sin fundamento, intentando provocar la desunión de los mexicanos. Déjenos trabajar luchando contra aquellos que se dedican a envenenar a niños, jóvenes y adultos; contra los que roban, secuestran y matan… déjenos trabajar”: General Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar, en respuesta a las observaciones expresadas por ONG, investigadores, juristas, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California y la CNDH, respecto a la actuación del Ejército en labores de prevención y persecución de los delitos. (La Voz de la Frontera, 6 de febrero del 2008).

Un día después de la cita anterior, la abogada canadiense Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex Fiscal General de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Rwanda, en visita oficial a México en ocasión de la ratificación del Acuerdo de Asistencia Técnica en materia de derechos humanos, manifestó ante el presidente Felipe Calderón: “Entiendo que hay momentos que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías” (El Universal, 7 de febrero del 2008).

Agregó: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática (…) Si el ejército lleva a cabo funciones civiles, debe estar bajo vigilancia civil, bajo alguna autoridad civil” (hoy en el país las cosas son al revés: progresivamente, la autoridad civil se supedita a la militar). Remató diciendo: “Hay muchas razones por las cuales yo creo debemos tener mucho cuidado en tener a esta fuerza tan enorme en este cumplimiento” (ídem). En pocas palabras, que la seguridad no esta peleada con el Estado de Derecho. Y vaya que la señora Arbour sabe de esto.

Ante las preocupaciones de la funcionaria de la ONU, Felipe Calderón le respondió que la participación de las fuerzas armadas es “una labor subsidiaria”; que “en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica”.

Lejos de provocar una confrontación estéril con la institución y la cúpula militar, a quienes expreso mis más sinceros respetos, me parece oportuno y saludable aportar en este espacio a un diálogo saludable, tolerante y civilizado en torno a tan delicado tema, diálogo que espero algún día tener personalmente.

En la reunión de las ONG con la Alta Comisionada, otro tema de la mayor preocupación fue lo relacionado con la Reforma Judicial constitucional (que en breve aprobará el Congreso de la Unión, y que se someterá a los Congresos locales), en lo que toca a la legalización de los cateos sin orden judicial, el arraigo, las intervenciones telefónicas y otras medidas hoy aplicadas en los hechos, que conculcan las garantías y las libertades históricas y universales amparadas por nuestra Carta Magna.

El 24 de enero, Calderón expidió un Decreto en materia de Seguridad Interior, publicado en el Diario Oficial, para “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”, así como “al mantenimiento del estado de derecho a través del acotamiento de grupos armados” y enfrentar con mayor eficiencia a quienes “pretenden desestabilizar la infraestructura del país” (en clara referencia al EPR, el EZLN y otros movimientos sociales), disponiendo que las fuerzas armadas intervengan en actividades de prevención y combate al delito hasta el año 2012 (La Jornada, 25 de enero de 2008).

Entonces nos queda claro que las acciones derivadas de la pretendida Reforma Judicial las estarían realizando las fuerzas armadas. Con ello, Felipe Calderón ha puesto en duda lo dicho por él mismo ante la Alta Comisionada, en el sentido de la participación “esporádica” del ejército en tareas que legalmente no le competen.

¿Por qué Calderón no se ha dado un plazo razonable para el retiro escalonado de las fuerzas armadas, sustituyéndolas por una fuerza civil debidamente seleccionada y capacitada, tal y como lo demandó José Luis Soberanes, presidente de las CNDH, y como lo sugirió la Alta Comisionada? El senador Manlio Fabio Beltrones fue más allá, estableciendo un plazo de 18 meses para el retiro castrense. ¿De veras no es posible en un tiempo prudente, con toda la fuerza del Estado, crear ese grupo especializado de policías? ¿Por qué ese empeño en utilizar a toda costa al ejército y la marina?

Entre algunos investigadores y ONG existe la preocupación de que, ante las reformas Judicial y Energética que vienen y la apertura al capital trasnacional, el reposicionamiento del ejército mexicano se debe, en parte, a la protección de las inversiones privadas: Pemex, CFE, la CLyFC, la regasificadora de la trasnacional Sempra en Ensenada para surtir gas a los Estados Unidos; el puerto industrial de Punta Colonet en Baja California, el mayor de la cuenca del Pacífico, el Plan Puebla-Panamá, etcétera. Y por otro lado, a la represión de la protesta social.

Algunos antecedentes: en al año de 1994, el gobierno de los Estados Unidos implementó el Operativo Guardián en su frontera con México, desplegando en su territorio toda la fuerza de esa nación en contra de sus fobias: el narcotráfico, la inmigración indocumentada, las epidemias, los desastres naturales y los movimientos sociales, identificados como amenazas fenomenológicas para su seguridad nacional. A partir del 11 de septiembre del 2001, la prioridad es el combate al terrorismo.

Años después, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), ya con un presidente mexicano afín, el gobierno de George W. Bush va más allá de sus fronteras, contemplando para nuestro país un proyecto similar al Plan Colombia, denominado Iniciativa Mérida, que es un negocio multimillonario para las trasnacionales militares y de inteligencia, con recursos públicos de ese país (632.5 millones de dólares en el primer año de operaciones) bajo el argumento del combate al narcotráfico en México.

La Iniciativa Mérida no es sólo un acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo militar. Implica también la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia, donde los Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, se arrogan el derecho de decidir cuáles reformas deben ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos (Carlos Fazio, La Jornada, 19 de noviembre del 2007).

Lo anterior representa, de facto, la incorporación de nuestro país al “perímetro de seguridad” de los Estados Unidos, quedando las fuerzas armadas mexicanas bajo el control del Comando Norte del Pentágono. El TLCN militarizado (ídem).

La canciller mexicana, Patricia Espinoza, ha declarado que la Iniciativa Mérida “no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional” ni es un tratado que “deba ser sometido a la aprobación del Senado (mexicano) o un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley de Celebración de Tratados” (ídem).

El 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, Calderón y Bush dialogaron por teléfono sobre la Iniciativa Mérida. “Bush le reconoció a Calderón el esfuerzo de las autoridades mexicanas en la Iniciativa, (y el) programa antidrogas (…) fue uno de los temas principales, enfocándose en nuestra responsabilidad compartida y la necesidad de esforzarnos para combatir la narcoviolencia”, expresó el embajador Tony Garza (El Financiero, 6 de febrero de 2008).

Entonces, Felipe Calderón invitó a Louise Arbour sólo para tomarse la foto.

Los derechos humanos no están peleados con el combate al crimen organizado; al contrario, los criminales representan hoy un actor no gubernamental extremadamente peligroso para los derechos humanos por los asesinatos, levantotes, secuestros, tortura y corrupción que generan. El punto de quiebra está en que la misión histórica de los derechos humanos es vigilar el cumplimiento del Estado de Derecho, el debido proceso legal por parte de las autoridades y la protección de las víctimas de los delitos.

Y precisamente, en la lucha contra el narco, el Estado mexicano, por mucho apoyo popular que tenga, viola el Estado de Derecho al incorporar a las fuerzas armadas en labores de autoridad civil, irrumpe en el debido proceso legal al cometer múltiples excesos y abandona a las víctimas de delitos y de abusos cometidos por autoridades.

Los derechos humanos universales reconocidos en nuestra Constitución no pueden ser sometidos a encuestas ni ser anulados por simples mayorías legislativas.

Por lo anterior, la población tiene derecho de opinar (libertad de expresión), pero también tiene derecho a informarse adecuadamente respecto a lo que va a opinar (derecho a la información).

Dada la gravedad del problema, es preocupante la campaña de linchamiento en contra de los defensores de los derechos humanos. Hay peligrosas actitudes de intolerancia, incluso entre la población, que rayan en el fascismo. ¡Cuidado!

Por eso, también a nosotros, déjenos trabajar.

* Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC.