“Nosotros sí vamos”: el Ejército

* En clara violación a las leyes, las fuerzas armadas suplantan a la autoridad civil al instalar retenes, realizar operativos y cumplir tareas de vigilancia preventiva e investigación

Por Raúl Ramírez Baena*

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Aunado a la desigualdad social hay dos cosas que hoy son imparables en México: la violencia criminal y el excesivo protagonismo del Ejército mexicano. Si nos atenemos a la historia, ambos fenómenos son de cuidado.

En su afán por presentar “resultados positivos” en la lucha contra el crimen, Felipe Calderón ha abierto las puertas a la institución castrense en la vida civil, irrumpiendo los principios de la legalidad constitucional. Ello, aprovechando la incapacidad, ineficiencia y corrupción de las instituciones policíacas.

Pero lejos de elaborar estudios sobre la sociología del narcotráfico, un diagnóstico integral de la situación y un análisis serio y científico para reestructurar a las instituciones que por ley deben prevenir y combatir al crimen, en una medida pragmática Calderón echa mano de las fuerzas armadas declarando la “guerra” al crimen, desatando los demonios y provocando un baño de sangre sin precedente. Y lo que es peor, se agitó el avispero sin atacar las causas estructurales que originan tal inseguridad.

Con esa persecución lo único que va a lograr es que los narcos modifiquen sus estrategias y aparezcan nuevos capos, porque es obvio que mientras exista demanda en los Estados Unidos va a seguir la oferta y el trasiego de la droga.

La utilización de la palabra “guerra” no es casual. Mediáticamente es la manera de encubrir la incapacidad, la ineficiencia y la complicidad de las autoridades y, a la vez, de justificar la ilegal irrupción de los soldados en tareas de seguridad pública y procuración de la justicia, pretextando la defensa de la seguridad nacional.

Debemos admitir que para los juristas, investigadores y defensores de los derechos humanos es difícil convencer a las mayorías de los riesgos y equívocos de esa estrategia. Es difícil también negar que la situación está fuera de control para la autoridad civil y que las policías están rebasadas, que no garantizan el cumplimiento de sus responsabilidades para enfrentar el poder de las mafias; que casi todas están infiltradas y corrompidas. A ello sumemos el desconocimiento de los ciudadanos de las leyes y de sus derechos, lo cual es muy bien aprovechado por el régimen.

En esas condiciones es difícil convencer incluso a comunicadores que apoyan las medidas castrenses (unos de buena fe y otros no tanto) de que el Ejército y la Marina no son la opción. Que sus límites están claramente definidos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos (los tratados ratificados por México, que son Ley Suprema de la Unión según el artículo 133 constitucional) y en la Carta Magna.

El colmo es el llamado que hace el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Zona Militar en Baja California, quien goza del mayor prestigio de una ciudadanía harta de la corrupción de Afis, ministeriales y municipales.

En sus excesos irrefrenables, el general señaló en conferencia de prensa el pasado 22 de enero, que “la actuación de los militares en el combate al crimen organizado en la entidad está dentro de la ley, toda vez que la legislación mexicana contempla cuatro principios por los que se autoriza esa intervención”, a saber: “que lo solicite el presidente de la República Mexicana, que lo hagan las autoridades de los estados, cuando hay riesgo a la seguridad nacional y cuando se interviene en delitos cometidos en flagrancia”. Refirió que en este caso es a petición del gobernador del estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y por instrucciones del jefe del Ejecutivo federal, y que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para ello. Fácil.

En efecto, en una conveniente, ajustada y cuestionable interpretación legal, el general Acosta Polito pudiera tener la razón. Pero en cuestión de ética y de principios universales y constitucionales, no. La tendencia mundial y los tratados internacionales, producto de la experiencia mundial por los excesos cometidos por militares a lo largo de la historia en todo el orbe, van en el sentido de impedir que las fuerzas armadas en cualquier país se impongan a la autoridad civil.

De ahí que el encargado de la zona militar en Baja California explicó que eso —la intervención militar— se hizo “para quitar la percepción que algunas personas tienen, en el sentido de que las autoridades —civiles— no acuden a los llamados que se les hacen”, lo cual no es del todo cierto. Argumentando una saturación de la línea telefónica que el Ejército abrió en Tijuana para que se realicen denuncias de alto impacto (664-685-0297), Aponte Polito hizo saber que ahora se pueden enviar esas denuncias a los correos electrónicos: dinoaladelincuencia2zm@gmail.com, nosotrossivamos2zm@yahoo.com y altoaladelincuenca2zm@hotmail.com.

¿En qué papel deja el Ejército a las autoridades civiles? En el más absoluto ridículo y como unos soberanos inútiles y corruptos. Como si los miembros de las fuerzas armadas fueran extraterrestres. Los buenos y los malos. Y a todo esto, ¿qué hacen los congresos locales, el Congreso de la Unión y los partidos políticos para exigir el regreso a la legalidad?

Si bien es cierto que la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla la coordinación y el apoyo de las fuerzas armadas en esas tareas, ello no prevé la invasión de facultades como hoy sucede al instalar el Ejército retenes, realizar operativos, cumplir tareas de vigilancia preventiva e investigación, desarmar corporaciones, señalar a policías sin el ejercicio de la acción legal y ejecutar detenciones como si fuera autoridad ministerial. ¿Qué sigue?

Que conste, la advertencia está dada.

* Presidente de la Comisión Ciudadana deDerechos Humanos del Noroeste, A.

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