* En busca de legitimidad, el gobierno de Calderón impulsa una reforma judicial que lesiona gravemente las garantías individuales
Por Raúl Ramírez Baena*
Bajo el supuesto de mejorar la impartición de la justicia mediante la instauración de los juicios orales, el Congreso de
Según para combatir el crimen organizado, Felipe Calderón, de la mano del PRI, el PAN y el PVEM, ha dado un importante paso hacia atrás al régimen de derechos y libertades que tanta sangre y trabajo ha costado construir a los mexicanos, trastocando el capítulo de garantías individuales de
Esta aberrante tendencia conservadora que no pudo cristalizar Vicente Fox, por fin está en vías de concretarse hoy gracias a la decidida alianza establecida por Calderón con el gobierno norteamericano (que está detrás de estas reformas), los centros financieros internacionales, las trasnacionales, la derecha y el clero político.
Qué tan nociva es esta reforma constitucional en su capítulo de garantías individuales, que hasta José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se manifestó en contra de ella.
De aprobarse en definitiva lo anterior, como todo parece indicar, prácticamente se instaurará en México un Estado del tipo autoritario, legalizando lo ilegal: el arraigo, los cateos y violaciones domiciliarias, y las intervenciones telefónicas sin orden judicial fundada y motivada por escrito. La flagrancia será un concepto discrecional.
Además de todo esto, otras señales que manda Felipe Calderón son terribles: la militarización de la seguridad pública, la instauración de medidas populistas y demagógicas (como el cuento del derecho a la salud a todos los niños nacidos durante su régimen y el Seguro Popular),
¿De qué se trata? Obviamente de legitimar y consolidar su mandato y, con ello, el régimen neoliberal, dejando establecidos los mecanismos legales y operativos para reprimir cualquier intento de resistencia pacífica o violenta, producto del desigual reparto de la riqueza y de la injusticia social.
Para Calderón es importante que la reforma judicial quede lista lo más pronto posible, en previsión de la gran inconformidad social que sobrevendrá con la cuesta de enero (ojo con el gasolinazo) y la subsecuente carestía de la vida, y con la bofetada que dio a los trabajadores la obsoleta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Para lograr sus objetivos, Calderón está arriesgando la gobernabilidad concediendo demasiado al PRI. Este partido y el PAN, como siempre, votando juntos decisiones antipopulares (IVA, Fobaproa, Reformas al IMSS y al ISSSTE, gasolinazo, etcétera), en esa alianza estratégica establecida de facto que coloca al PRI prácticamente en situación de cogobierno, a pesar de ser hoy la tercera fuerza política nacional.
Gracias a estas concesiones a la partidocracia, los dos principales operadores políticos del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, han tomado posiciones clave en los pasillos de la gran política nacional, con miras a retomar el poder en 2012.
A pesar de ser la segunda fuerza política, el PRD y sus aliados se han quedado debilitados en la negociación principal, en parte por el pragmatismo de Nueva Izquierda (los Chuchos) que choca con el radicalismo de López Obrador, nubarrones que se podrán despejar o estallar en crisis en marzo de 2008 con la elección de la nueva dirigencia nacional. Cosa que viene muy bien a Calderón y a Beltrones.
En este contexto y en aras de sus intereses muy particulares, todo es negociable, hasta las garantías y libertades. Así es la política en este país.
La visión de los partidos, del grupo gobernante y de los llamados “poderes fácticos” por el control del Estado, está por encima del Estado mismo (no en su concepción geográfica, sino en su concepción política); ergo, no existe en México un Estado de derecho, menos un Estado social y democrático de derecho.
Un gobierno sin capacidad de mediación e interlocución, que no alienta los necesarios equilibrios y contrapesos de una sociedad democrática, que privilegia sus intereses por sobre los intereses del derecho, anteponiendo normas excesivas y la fuerza pública y militar, es un gobierno débil, pero peligroso, porque pierde la perspectiva de la realidad, pudiendo ser rebasado por los poderes que supuestamente lo apoyan.
Lo que sigue ahora son las reformas energética y laboral. A pesar de las presiones internas y externas, Calderón tendrá que pensarlo muy bien si no quiere darle armas a su enemigo más peligroso: Andrés Manuel López Obrador.
Por cierto, ¿dónde quedó el “Presidente del empleo”? Si alguien lo encuentra, por favor, avísenos.
* Presidente de
