“Si de por sí uno tiene miedo combatir a la delincuencia, ahora le tengo miedo a mi gobierno. Las declaraciones del comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, dan miedo y provocan terror en la población y principalmente entre sus familiares” (AFN, 11 de enero del 2008).
Mario Lizán Nájera, Subjefe policiaco del distrito 4, de la delegación de
Primo Tapia, Mpio. de Playas de Rosarito, BC (a través de un medio de comunicación de la localidad se enteró que él figuraba en la lista de los policías acusados).
Con el aumento del crimen, los secuestros y los delitos violentos en el país, aumenta también el temor, la rabia y la desconfianza de la ciudadanía en la fuerza pública, alimentando a su vez la convicción de que la solución es el endurecimiento de las leyes y la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El crimen organizado está mejor equipada en armamento y equipo que las corporaciones policíacas, por lo que hay un razonamiento lógico para pensar que sólo el Ejército tiene la capacidad para hacerles frente. En consecuencia, el paisaje urbano en varias ciudades incluye hoy la presencia cotidiana de las tanquetas y los rondines militares.
Sin embargo, la actuación de las Fuerzas Armadas tiene sus límites claramente establecidos en la Constitución federal y en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En tiempos de paz, como hoy vivimos en el país (a pesar de la “guerra” declarada de Calderón y algunos gobernadores contra el crimen), los militares sólo pueden salir de sus cuarteles cuando es amenazada la Seguridad Nacional o la Seguridad Interior del país (Arts. 89 y 129 constitucional).
Suponiendo que el crimen organizado atenta contra la seguridad nacional o la seguridad interior, entonces, los rondines, retenes y revisiones militares en aeropuertos, ciudades y carreteras deben ajustarse a lo establecido en el Art. 29 Constitucional que faculta al Presidente a suspender las garantías individuales, siempre y cuando cuente con la aprobación del Congreso de la Unión, la cual no ha sido solicitado a la fecha.
Por tanto, la suspensión de las garantías se hace “a la libre”, con cierto “apoyo popular” (las libertades y derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta popular), por lo que hay una clara violación a la ley suprema por parte del mismísimo Presidente, de quien dependen las Fuerzas Armadas, como jefe máximo que es.
Por su parte, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice en su Art. 3º. que: “La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de los responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley”.
La norma anterior sólo otorga a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina la competencia de ser integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estrictamente para funciones de “coordinación” y de apoyo a las autoridades civiles, únicas facultadas asignadas a ellos para las tareas de Seguridad Pública. (Título Segundo, Capítulo I, Art. 9º).
Como se desprende de lo anterior, las Fuerzas Armadas nada tienen que hacer interceptando y revisando ciudadanos, en clara violación a las garantías amparadas por los artículos 11, 14, 16 y 21 constitucionales, contrariando además el principio de presunción de inocencia (son culpables mientras no demuestren lo contrario).
Si las leyes dicen lo anterior, con todo respeto, ¿por que anda entonces el general Sergio Aponte Polito, Comandante de la Segunda Región Militar en Baja California, haciendo declaraciones a diestra y siniestra? ¿Por qué el Ejército mexicano hace rondines y establece retenes de revisión en los aeropuertos, ciudades y carreteras? ¿Es el inicio del autoritarismo, del Estado de excepción o del populismo de derecha? ¿Esa es la solución al crimen galopante, que se alimenta de la descomposición social, la injusticia social y la inequidad? ¿Qué hace el Congreso de la Unión al respecto?
“Sergio Aponte Polito, general del Estado Mayor de la Segunda Región Militar, mencionó que es un gran reto bajar los índices delictivos. Aponte Polito realizó un recorrido por las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en Mexicali (PEP) en compañía de su director, el mayor Justo Buenaventura Jaimes Villarreal, y el secretario de Seguridad de Playas de Rosarito, José Eduardo Montero. Durante su recorrido, el general indicó que (abatir la corrupción policial) será algo difícil, porque es el sustento que tiene el delincuente al ser los mismos policías los que apoyan a la delincuencia organizada (La Crónica, 8 de enero de 2008)”.
“Después de una reunión que sostuvo con empresarios –no falla–, Sergio Aponte Polito informó que los 13 elementos de la agrupación policiaca de Playas de Rosarito, presuntamente involucrados en el atentado contra el director de la Policía Municipal, Jorge Eduardo Montero Álvarez, han sido excluidos de la licencia colectiva de uso de armas, y agregó que podría suceder lo mismo con el resto de la corporación. (…) por lo que se han iniciado investigaciones al respecto para confirmar si entre las filas policiales de esa ciudad hay efectivos comprometidos con bandas delictivas. Ante la cúpula empresarial reiteró su compromiso para devolver la tranquilidad a los bajacalifornianos, al tener como plazo un año durante el cual aplicará acciones concretas y efectivas contra la delincuencia (AFN, 12 de enero del 2008)”.
¿No correspondería hacer esas declaraciones al gobernador, al secretario de seguridad pública, al procurador de justicia, a los presidentes municipales o a los jefes policíacos? ¿Acaso es ya el sometimiento de la autoridad civil a la militar?
Si nos atenemos a la “cultura de la legalidad” que pregona el propio gobierno, asesorado por los norteamericanos, entonces son las propias autoridades civiles y militares las que violentan el Estado de Derecho. ¿O no?
* Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC.
